Jujuy como prueba piloto: del conflicto territorial de 2023 a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Omar Silvestre-El Arqui
Lo que está ocurriendo con la Comunidad Indígena de Santa Rosa, en Humahuaca, no debería analizarse como un episodio aislado. El conflicto permite volver sobre la reforma constitucional de Jujuy de 2023 y preguntarnos si aquella experiencia provincial no anticipó algunas de las tensiones que podrían extenderse al país con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el gobierno de Javier Milei. La reforma jujeña de 2023 provocó una fuerte resistencia de comunidades indígenas y organizaciones sociales. Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la falta de mecanismos adecuados de consulta previa, libre e informada y con las consecuencias que el nuevo ordenamiento podía tener sobre derechos territoriales. La controversia fue tan profunda que el gobierno provincial terminó reconsiderando algunos de los artículos más cuestionados. El problema de fondo continúa vigente: la propiedad privada individual y la propiedad comunitaria indígena responden a lógicas jurídicas y territoriales diferentes. Mientras la primera se estructura fundamentalmente alrededor del título registral y el propietario individual, la segunda se encuentra vinculada con la posesión tradicional, la ancestralidad y la relación colectiva de una comunidad con su territorio. La propia Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Tres años después, esa discusión adquiere dimensión nacional. La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propone cambios vinculados con desalojos, expropiaciones y regularización de inmuebles. El interrogante aparece cuando mecanismos destinados a acelerar la restitución de propiedades se aplican sobre territorios atravesados por reclamos indígenas históricos. Un conflicto ancestral difícilmente pueda reducirse a la fórmula de “propietario contra ocupante”. Los acontecimientos de Santa Rosa de Humahuaca vuelven concreta esa preocupación. El operativo de desalojo desarrollado este 10 de agosto de 2026, junto con las denuncias realizadas por integrantes de la comunidad, demuestra que detrás de las discusiones sobre títulos, mensuras y propiedad existen territorios habitados por comunidades que reivindican derechos históricos. En ese sentido, Jujuy puede interpretarse como una suerte de prueba piloto o laboratorio político. No porque la reforma constitucional provincial y el proyecto nacional sean jurídicamente idénticos, sino porque ambos expresan una tensión semejante: qué sucede cuando el fortalecimiento de una determinada concepción de propiedad privada entra en conflicto con la propiedad comunitaria, la posesión ancestral y los derechos territoriales indígenas. Lo que hoy ocurre en Humahuaca debería funcionar como advertencia. Si a nivel nacional avanzan mecanismos más rápidos de desalojo sin garantías suficientes para analizar previamente la particularidad de los territorios indígenas, el escenario jujeño podría dejar de ser una excepción provincial y comenzar a reproducirse en distintos puntos de la Argentina. Jujuy, entonces, no es solamente una discusión del pasado. Puede ser un adelanto de los conflictos territoriales que vienen.