¿El mundo del revés? La Policía desaloja violentamente a familias damnificadas por el terremoto de un albergue en Colombia 🇨🇴
Mientras el presidente Abelardo De La Espriella presume los resultados de sus operativos contra el narcoterrorismo y exhibe los cuerpos de presuntos criminales abatidos, en Pereira, Risaralda, familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto fueron desalojadas de un albergue por la misma fuerza pública. En el procedimiento participaron agentes del ESMAD, actualmente denominado UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden), y los afectados denuncian haber sufrido agresiones y otros abusos. La situación genera una pregunta inevitable: ¿por qué desalojar a personas que lo perdieron todo en el terremoto, en lugar de brindarles asistencia y un lugar seguro donde permanecer?
Una situación que genera indignación se registró en Pereira, Risaralda, Colombia, donde varias familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto fueron desalojadas del albergue en el que permanecían. El procedimiento estuvo a cargo de la fuerza pública, con participación de efectivos del ESMAD, actualmente denominado UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden).
Las imágenes muestran la crudeza del operativo: los agentes ingresan al lugar y comienzan a sacar a las familias mientras golpean y mueven sus pertenencias. Los damnificados les piden que les permitan sacar sus cosas, pero el procedimiento continúa y los policías avanzan empujándolos hacia el exterior.
Uno de los momentos más fuertes ocurre cuando los agentes empujan a personas que llevan bebés en brazos, mientras alrededor se escuchan los gritos de desesperación de los adultos y el llanto de los niños. También se observa a varias personas visiblemente angustiadas y enojadas ante la situación, mientras intentan reclamar por sus pertenencias y por la forma en que se está llevando adelante el desalojo.
Las imágenes resultan todavía más polémicas por el contraste con el discurso del presidente Abelardo De La Espriella, quien viene destacando públicamente los resultados de sus operativos contra el narcoterrorismo y exhibiendo los cuerpos de presuntos criminales abatidos.
Los afectados también denunciaron agresiones y otros abusos durante el procedimiento, acusaciones que deberán ser contrastadas con la versión oficial de las autoridades.
El caso deja una pregunta inevitable: ¿por qué familias que lo perdieron todo a causa de un terremoto terminan siendo expulsadas de un albergue por la propia fuerza pública, en lugar de recibir asistencia y una alternativa segura donde permanecer?